PRIMERA PLANA
LOS ENTRETELONES DE LA CARTA DE INTENCIÓN CON EL FMI
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, Ley de Reforma Fiscal, a fines de mayo, el Gobierno Ecuatoriano cumplió una de las "condicionalidades" impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar la Carta de Intención # 11.
Sin embargo, el FMI no se encuentra conforme con la Ley aprobada, puesto que considera que "no asegura el pago de la deuda externa" y propone cambios a esta nueva Ley, de cuya aprobación dependería la firma de la Carta de Intención.
Las Cartas de Intención son documentos en donde los gobiernos se comprometen con el FMI a cumplir ciertos requisitos o condicionalidades y a aplicar políticas que lleven a la "estabilidad económica" e "impulsen la economía".
Sin embargo, las diez (10) cartas de intención, firmadas hasta el momento, han servido para que el FMI "recomiende" el establecimiento de políticas económicas a los países, englobadas en el Programa de Ajuste Estructural (PAE) que incluyen: la modernización del Estado, la reducción del personal de los organismos públicos, la flexibilización laboral, el incremento de tarifas de los servicios y productos básicos (energía eléctrica, agua, gas, gasolina, telecomunicaciones, etc.), mayores incentivos a las empresas, la apertura de los mercados, la privatización de empresas públicas, la disminución del presupuesto a Petroecuador y la concesión/privatización de los campos petroleros a empresas transnacionales.
Estas políticas se encuentran encaminadas a crear el marco jurídico necesario para garantizar el pago del servicio de la deuda y de los compromisos de recompra de deuda adquiridos por el Estado, en la renegociación de los bonos Global, y de la cual el FMI se convirtió en "garante".
Una vez cumplidas con todas las exigencias del Fondo, la firma de la carta de intención #11 permitirá
que el Ecuador pueda acceder a un crédito del FMI por USD 240 millones y a otros préstamos de organismos internacionales (BID, Banco Mundial, CAF, etc.), que permitirán que el gobierno pueda pagar USD 840 millones de amortizaciones de la deuda pública (el valor corresponde sólo a la parte del capital). Es decir que nuevamente estamos contrayendo nueva deuda para pagar viejas deudas. De seguir así ni todo el petróleo del Ecuador podría servir para pagar la deuda.
La experiencia internacional en la aplicación de los programas de ajuste estructural ha sido negativa y hasta desastrosa para los países que los han aplicado, siendo el último ejemplo Argentina.
La imposición de políticas públicas, como es el caso de las cartas de intención y las "revisiones" de las políticas macroeconómicas por parte del FMI, constituye una flagrante violación del derecho a la libre determinación y del derecho al desarrollo, incluidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración del Derecho al Desarrollo, y en la Constitución Política de la República del Ecuador.
En momentos en los cuales el Ecuador requiere inversión productiva y social, el Estado destinará los recursos fiscales del OCP (USD 400 millones) para que salgan del país, a través de la Ley de Reforma Fiscal: como si al Ecuador le sobrara el dinero!!!. Los recursos del petróleo ecuatoriano deben quedarse en el país, para generar inversión productiva y social, para combatir la pobreza, y para pagar la deuda social; en fin, para generar e impulsar el desarrollo del país, y no para satisfacer a los grupos financieros especulativos, nacionales o internacionales.
EL ALCA: otras voces se levantan
Los gobiernos de América, excepto Cuba, desde 1994 vienen negociando el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), bajo tutela del gobierno norteamericano.
El Acuerdo propone liberalizar el comercio de bienes y servicios, facilitar la circulación de capitales y constituir un gran mercado en el cual "compitan libremente" todas las economías sin importar los diferentes grados de desarrollo de los sistemas productivos de nuestros países.
En Ecuador este proceso se produce a espaldas, no solo de las organizaciones sociales y populares, también están excluidos los sectores productivos. A tres meses de la reunión que tendrá lugar en Quito, a finales de octubre y principios de noviembre, donde van a acordar los procedimiento de negociación del Acuerdo, recién el gobierno abre espacios tibios de información sobre el tema.
En el Ecuador y en toda la región, los indígenas, campesinos, trabajadores, intelectuales, así como sectores de ONGs, han conformado una Campaña ciudadana para oponerse al ALCA. Sin embargo, los gremios productivos vinculados a la actividad agropecuaria, comercial e industrial, hasta hoy, han permanecido en silencio. La razón es muy sencilla: estos sectores también carecen de información.
En el foro convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 26 de junio, los representantes de los gremios de la producción reclamaron al gobierno por la poca transparencia del proceso y manifestaron expresamente la inconveniencia de participar en el ALCA bajo las actuales condiciones de competencia.
Parecería que estos sectores, al fin, aunque tarde, han empezado a darse cuenta que el ALCA también pone en riesgo su rentabilidad, su negocio, su empresa, sus inversiones. Sin embargo, aún existen reducidos grupos económicos poderosos que abogan indiscriminadamente por el ALCA, aquellos que por intereses particulares o ignorancia, profesan el dogma neoliberal y que son los mismos que argumentaron que la dolarización era la salvación del país. Es necesario reconocer que el país está en recesión productiva, y en el marco de la dolarización, enfrentamos el colapso de la pequeña y mediana industria, que los principales productos agropecuarios para el mercado interno se producen gracias a ciertas barreras arancelarias que impiden la entrada de productos de otros países vecinos y que, por otro lado, nuestros productos para la exportación no pueden ingresar libremente a los mercados de Estados Unidos y Europa por los altos subsidios o por las barreras fitosanitarias y arancelarias.
En este contexto, insistimos en la necesidad de tender los puentes necesarios entre los diferentes sectores sociales, populares y productivos para acordar una agenda nacional mínima sobre comercio e integración económica, que fortalezca la producción, comercio y productividad local en el marco de una política regional de estrecha cooperación entre los países andino-amazónicos que privilegie el derecho al desarrollo humano sustentable, la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, al amparo de la normativa internacional de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestros pueblos.
EL ECUADOR PROFUNDO EN CIFRAS
Petroecuador anunció que los descubrimientos hechos en los pozos 3 y 4 del campo petrolero Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT) permiten estimar un incremento sustancial de las reservas de petróleo del Ecuador (de 5.600 a 7.000 millones de barriles), provocando que el Estado considere que estamos frente a un "segundo boom petrolero", continuando con el modelo extractivista en el que está inmerso el Ecuador desde 1972. Eso puede explicar, entre otras cosas, la pérdida de interés en concesionar todos los bloques de la 9º Ronda. Bajo la excusa de estos ingresos futuros, el gobierno se está comprometiendo a una recompra anticipada de deuda, mediante la Ley de Reforma Fiscal; es decir, que otra vez los ingresos del petróleo se destinarán al pago de la deuda, sacando los recursos fuera del país, y postergando la inversión productiva y social.
La explotación de los campos del ITT implicarán serios problemas ambientales y sociales, puesto que se encuentran ubicados en el Parque Nacional Yasuní, territorio de alta biodiversidad, sumamente frágil y territorio ancestral del pueblo huaorani, y de pueblos no contactados como los tagaeri y taromenane.
El "primer boom petrolero" no ha servido para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos puesto que el 75% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, mientras que el 40% está en la indigencia. Además existe una mayor concentración de la riqueza (el 20% más rico de la población gana 16 veces más que el 20% más pobre), aumentó la deuda pública, y han migrado fuera del país más de un millón de ecuatorianos (entre 1999 y 2000, salieron 504.203 ecuatorianos) en busca de mejores condiciones de vida.
Es urgente cambiar este modelo de desarrollo que beneficia a ciertos intereses económicos, nacionales y extranjeros, por un modelo que propicie el desarrollo humano y sustentable del país, sobre la base del efectivo respeto, garantía y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
A finales del mes de noviembre del 2001, se realizó el sexto Censo de Población y Vivienda, diseñado e implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Este Censo pretendía actualizar las cifras de población del año 1990, contemplando preguntas sobre: condiciones económicas, sociales y culturales de la población, condiciones de vivienda y servicios básicos. Se buscaba actualizar los datos de población y vivienda que se habían obtenido en el V Censo de Población, realizado en 1990.
Los resultados preliminares arrojan los siguientes datos:
LA GENTE Y SUS DERECHOS
El miércoles 26 de junio, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso Nacional, los presidentes de las tres federaciones representantes de las nacionalidades Shuar y Achuar: la Federación Independiente de Pueblo Shuar de Ecuador (FIPSE), la Federación Interprovincial de Centro Shuar (FICSH) y la Federación Interprovincial de Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE), y el presidente de la CONAIE, denuncian las actividades de la compañía petrolera BURLINGTON RESOURCES ECUADOR que intenta explotar el bloque 24 ubicado en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago.
Frente a la posición de las comunidades y organizaciones Shuar y Achuar, de rechazar la intromisión de la industria petrolera en sus territorios ancestrales, y desde que la FIPSE obtuvo la sentencia favorable en el Recurso de Amparo dictado por el Tribunal Constitucional, la compañía Burlington:
En medio de esta situación, el 7 de mayo del presente año fallecieron tres altos dirigentes de la FIPSE al caer una avioneta durante una diligencia judicial dentro de la demanda que esa organización sigue en contra de la compañía Burlington. Con el fin de defender sus derechos constitucionales y territorios ancestrales, las organizaciones Shuar y Achuar han acudido a los tribunales nacionales y a organismos internacionales, pero las agresiones no cesan.
Concluyó con éxito, en Macas, el segundo Curso de la Escuela Amazónica, organizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Earth Rights (ERI), el pasado 6 de Junio con la participación de 12 dirigentes, representando a 9 nacionalidades y organizaciones de la región andino-amazónica, de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia.
La Escuela Amazónica de Derechos Humanos y Ambiente es un espacio de capacitación en el enfoque de derechos para los actores sociales de la cuenca amazónica. Se plantea el trabajo en la promoción y capacitación para la vigilancia de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades locales, con una reflexión apropiada al medio amazónico.
Los estudiantes son líderes y liderezas locales, para quienes la Escuela Amazónica es un espacio para fortalecer sus destrezas y su comprensión de procesos de trabajo e investigación local, regional y global, en torno al ejercicio pleno de los derechos colectivos, ambientales, económicos, sociales y culturales.
La Escuela busca desarrollar una propuesta metodológica, basada en la filosofía de "aprender haciendo" que permita potenciar la experiencia de los participantes en el trabajo en sus respectivas organizaciones, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos con participantes y facilitadores en un marco de interculturalidad y diversidad.
Durante el curso se trataron varios de los temas centrales de la problemática de derechos humanos y ambiente en la región amazónica, aprovechando de la singular diversidad de los participantes, tanto por su experiencia de vida y la de sus organizaciones, cuanto por la diversidad étnica y cultural y la riqueza de puntos de vista.
UNA MIRADA AL MUNDO
El martes 05 de marzo, en la ciudad de Washington (EEUU) se realizó, durante el 114º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana, la Audiencia sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en las Américas, en donde se presentó el "Informe Alternativo DESC 2002" del Ecuador, preparado por el CDES y otras organizaciones. Esta audiencia fue solicitada por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
Esta Audiencia tuvo como objetivo demostrar que los DESC están siendo violados, en distintas dimensiones y características, por todos los gobiernos, especialmente los más ortodoxos y complacientes con las políticas de los Organismos Multilaterales y la cooperación bilateral.
En las exposiciones presentadas se demostró que:
Los pueblos indígenas y de manera particular el pueblo Shuar, han recibido un respaldo histórico de la OIT, al establecer que el gobierno ecuatoriano y las empresas petroleras estadounidenses Arco y Burlington, no han cumplido con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, instrumento que fuera ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998 y que está en vigencia desde el 15 de mayo de 1999.
El reclamo al gobierno ecuatoriano hecho por la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE), fue presentado ante la OIT en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, a inicios del 2000. El antecedente es el recurso de amparo que el Tribunal Constitucional ratificó a favor de FIPSE en abril del 2000, por no haber sido consultado el pueblo shuar por la compañía petrolera ARCO, para iniciar los trabajos en su territorio, afectado por el bloque 24 en la provincia de Morona Santiago. Después de la resolución, ARCO decidió vender sus acciones a la empresa Burlington, la que no ha acatado la decisión del TC. Esta resolución sienta un precedente para que en el futuro los gobiernos se sientan obligados a respetar el derecho a la consulta y a la participación previa informada, establecido en el Convenio 169.
