RESISTENCIA CIVIL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
FRENTE AL PLAN COLOMBIA

Los territorios donde habitan las comunidades indígenas están siendo especialmente afectados por las consecuencias sociales, culturales y ambientales derivadas del Plan Colombia. Éste ha generado la intensificación del conflicto armado en el país, pero también está provocando degradación ecológica, inseguridad alimentaria y problemas de salud debido a las fumigaciones con glifosato que se realizan en diversas zonas. El Plan Colombia significa para los pueblos indígenas, en definitiva, una intensa amenaza a su sobrevivencia.

Según la Defensoría del Pueblo e informes de misiones humanitarias internacionales, la situación se traduce en una constante violación de los derechos humanos de estos colectivos. Se irrespetan sus derechos políticos, civiles, económicos y culturales, sobre los cuales fundamentan sus formas de vida social, la subsistencia, su mundo espiritual, sus creencias y las leyes tradicionales que rigen su convivencia. Las acciones llevadas a cabo en el marco del Plan Colombia, afectan, además, la autonomía y seguridad de los territorios que habitan.

Un reciente informe de la Organización Indígena de Colombia (OIC) sobre el problema del desplazamiento de las comunidades de sus lugares de origen, indica que el actual conflicto armado tiende hacia la expansión, intensificación y degradación. Afirma que la lucha del Ejército contra la insurgencia, apoyada ahora directamente por los Estados Unidos, fortalece la guerra y, por tanto, los factores que inducen el traslado forzado de las poblaciones indígenas.

El conflicto armado, pues, se expande cada vez más hacia sus territorios. Actualmente afecta a la mayoría de los 84 pueblos indígenas del país. Los grupos armados utilizan estas zonas porque les brindan refugio y posibilidad de control económico y militar. Además, ha aumentado en ellas la presencia de multinacionales y la implementación de megaproyectos económicos, lo cual complejiza aún más la situación.

Tradicionalmente, los grupos guerrilleros han operado siempre en territorios indígenas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, actúan dos Frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y otro del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la región del Putumayo, uno de los objetivos principales de las acciones del Plan Colombia, actúan igualmente cinco Frentes de las FARC. Por otra parte, a raíz del auge de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el conflicto armado se ha intensificado en esas regiones, creando terror en la población civil ante las masacres, asesinatos y la violencia total desatada por el control no sólo de los territorios, sino también de los cultivos de uso ilícito de coca y amapola. Ante la intensa actividad terrorista que han llevado a cabo, las AUC se vieron presionadas a declarar una tregua en noviembre de 2002.

En general, todos los actores armados tienden a involucrar en su guerra a la población civil, y las comunidades indígenas no han sido una excepción. Se bombardean los pueblos y los asentamientos; se destruyen puentes y carreteras; se llevan a cabo masacres y asesinatos de dirigentes; se controla la libre movilización de alimentos y medicinas; se recluta forzosamente a menores. Es, sin más, la violación de los principales derechos de estas comunidades y del derecho internacional humanitario.

El movimiento indígena colombiano, que tiene unos 30 años de existencia, generalmente ha sido considerado por los grupos guerrilleros con recelo, dada la independencia política que le ha caracterizado. En todo caso, intentan subordinarlo a sus intereses. Los paramilitares, sin embargo, lo consideran un movimiento subversivo, por lo cual tienden a destruirlo. Esto demuestra la difícil y compleja posición de las comunidades indígenas, sobreviviendo en medio de un conflicto frente al cual se han declarado neutrales. Aún así, defienden su autonomía, cultura y arraigo territorial. El sentido de pertenecer a pueblos de origen precolombino les cohesiona socialmente y les permite, a su vez, organizarse de acuerdo a sus principios ancestrales. Tratan de impedir de esa manera su desaparición a causa de un enfrentamiento armado que nada tiene que ver con ellos.


II

La actitud de los pueblos indígenas de Colombia ante la violencia armada ha generado, no obstante, amenazas y asesinatos a líderes y miembros de sus comunidades, incluyendo a las mujeres. Debido a las acciones de las AUC, han muerto numerosos dirigentes indígenas en las regiones de Córdoba, Antioquia, Caldas, Risaralda, Putumayo y Cauca. Desde 1999, en consecuencia, han sido masivos los desplazamientos en estas zonas.

En el Departamento de Risaralda, los chamíes se encuentran hoy día en medio de la guerra. En Arauca, donde habitan los U’wa, extensas regiones están militarizadas. Desde octubre de 2002, hay presencia de grupos armados en los territorios indígenas del Alto Sinú, Departamento de Córdoba, donde vive el pueblo Embera-Katío. Miembros de esta comunidad han denunciado que el gobierno no consultó a sus legítimas autoridades -los Cabildos Mayores-, sobre la realización de los operativos del Ejército, a pesar del reconocimiento que les otorga la Constitución. Por su parte, en la región del Naya, las poblaciones indígenas han asegurado que los paramilitares y el Ejército restringen la entrada de alimentos y la libre movilización de personas.

La Defensoría del Pueblo, por otro lado, ha informado que en las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, en menos de un año se ha registrado el desplazamiento de 425 familias pertenecientes a las comunidades Arhuaco, Kogui, Wima, Yukpa y Kankuamo. Asegura asimismo que los desplazamientos fueron inducidos la mayoría por acciones de las AUC. En la región de Urabá, igualmente, se estima que se han desplazado en total 13 comunidades indígenas, debido a las amenazas y los asesinatos de que han sido objeto.

Siguiendo los datos de la Defensoría del Pueblo, entre junio de 1998 y agosto de 2002, fueron asesinados 45 miembros del pueblo Kankuamo, 1 de la comunidad Wima y otro de la comunidad Yucpa. Responsabilizan a las AUC de 32 de estos asesinatos, a las FARC de 5, y 10 los atribuyen a actores armados no identificados.

Por otra parte, las fumigaciones aéreas llevadas a cabo en el contexto del Plan Colombia, afectan también la seguridad y permanencia de los grupos indígenas en sus territorios. Estos se comprometieron con el Estado a realizar de forma pacífica la sustitución de los cultivos de uso ilícito de coca y amapola. Sin embargo, la respuesta ha sido la fumigación indiscriminada de extensas zonas, aun de aquéllas donde ya se había realizado la sustitución e iniciado proyectos alternativos. Se han fumigado lugares incluso donde nunca hubo sembradíos de coca, como es el caso de las tierras de la comunidad Nasa Chamb.

A comienzos del 2002, el gobierno realizó una cartografía de los territorios indígenas con el supuesto fin de protegerlos de las fumigaciones. No obstante, según han denunciado las propias comunidades, se han exterminado pastos, frutales, árboles, pozos de agua, estanques piscícolas y animales que formaban parte de proyectos financiados por el mismo Estado. Es el caso de las tierras indígenas de la Amazonía, arrasadas en octubre de 2002 por aviones del Plan Colombia cargados con glifosato. Fueron fumigadas 14 mil hc. de coca; el operativo tuvo lugar en zonas donde operan Frentes de las FARC y las AUC. En la región del Putumayo se estima que se encuentran más de la mitad de las 130 mil hc. de cultivos de coca y amapola que existen en Colombia.


III

Frente a todos estos problemas, los pueblos indígenas mantienen su postura de autonomía y persisten en defender su estadía en los territorios. Exigen a los grupos armados que desistan de involucrarlos en el conflicto y respeten su posición de neutralidad. Consideran que aunque pueda haber indígenas en sus filas, las posturas personales nada tienen que ver con las decisiones mayoritarias y comunitarias.

Solicitan al Estado colombiano que ordene la suspensión de los operativos militares en sus territorios. Que se cumpla y respete el Acuerdo firmado el 19 de abril de 2002 en materia de derechos humanos, principalmente en lo que respecta a su no involucramiento en el conflicto armado.

La Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) que agrupa a los pueblos de Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia exige a su vez a los actores armados, legales e ilegales, que respeten el derecho internacional humanitario. En particular, el Artículo 3 de la Convención de Ginebra que protege a las “personas que no participan directamente en las hostilidades...sin ninguna distinción desfavorable basada en la raza, color, religión, creencias, sexo, nacimiento, fortuna o todo otro criterio análogo”. Se pide, además, el respeto a la vida, a las autoridades tradicionales y a las decisiones de los pueblos indígenas que han declarado su resistencia civil frente a la violencia armada. Rechazan el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, y también la inclusión de miembros de las comunidades en la red de informantes que ha creado el gobierno de Álvaro Uribe.

Los pueblos indígenas de Colombia reiteran que la guerra no forma parte de su cultura, y que ellos son autónomos para crear sus propios mecanismos de defensa. Hacen un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena al gobierno colombiano y al de los Estados Unidos, se proteja sus vidas y se detenga la destrucción de que están siendo víctimas.

Ratifican, por otra parte, su voluntad de fortalecer procesos pacíficos y alternativos de convivencia. De ello es expresión el compromiso que han adquirido las comunidades del Putumayo de sustituir el 100% de los cultivos de uso ilícito de coca en sus territorios. La coca sigue siendo su planta ritual-espiritual de uso tradicional, y consideran que se utiliza de manera irresponsable con fines negativos para la humanidad. Por tanto, asumen como un deber primordial la sustitución de los cultivos destinados a usos diferentes al ancestral. En julio de 2002, antes de las fumigaciones, las comunidades ya habían erradicado más de 3 mil hc. de coca en el Putumayo. Dichas fumigaciones, por lo demás, según sus propias denuncias, han destruido miles de hectáreas de coca, pero también ¡15 mil hc. de cultivos lícitos!. Han causado, además, problemas de tipo respiratorio, intestinales y cutáneos a los habitantes de la región. “Efectos colaterales”, en el irracional discurso de la guerra.

Por otro lado, en su organización por la resistencia civil hay que destacar la formación de la denominada “Guardia Indígena”. Integrada por centenares de miembros con el objeto de vigilar el movimiento de personas y vehículos en sus territorios, es considerada como un mecanismo de protección y seguridad frente a los grupos armados. En ese mismo sentido, hay que señalar igualmente la importancia del Movimiento de Autoridades Indígenas, creado en los años ochenta. Su objetivo es defender fundamentalmente el “Derecho Mayor”, como instrumento para orientar las acciones que tengan como fin la defensa de la cultura y los territorios en las condiciones que propicia la violencia armada. El “Derecho Mayor” simboliza el respeto profundo por la vida y la sabiduría de los mayores.

Asumiendo la voz de sus comunidades, las mujeres indígenas de Colombia contribuyen también de manera activa con la defensa de sus pueblos. En julio de 2002 realizaron la “Marcha Nacional por la Paz” y participaron en ella cerca de 20 mil mujeres. Consideran el conflicto armado y el Plan Colombia simplemente medios para exterminarlos y, de ese modo, facilitar la entrega de sus territorios a las multinacionales mineras y petroleras.

La resistencia indígena, en fin, es el camino que han escogido todos para continuar sobreviviendo, de acuerdo a sus principios y sus culturas. Forma parte de su memoria ancestral y de su historia.