La solidaridad adquiere un lugar decisivo en

este mundo acéfalo que excluye a los diferentes. Cuando

nos hagamos responsables del dolor del otro, nuestro compromiso nos

dará un sentido que nos colocará por encima de la fatalidad de la historia.

Ernesto Sábato

Colombia es una paradoja en lo que a derechos humanos se refiere. Se la conoce como una de las democracias más estables de Latinoamérica, con una tradición de gobiernos civiles elegidos democráticamente que [...] se han comprometido públicamente a defender los derechos humanos y han adoptado medidas para crear mecanismos de salvaguardia para los derechos civiles y políticos. Sin embargo, tras esa fachada de estabilidad y democracia se oculta un país asolado por los conflictos internos y unos niveles de violencia estremecedores².

Esta era la óptica con la que empezaba Amnistía Internacional, hace aproximadamente seis años, su informe sobre la violencia política en Colombia. Analizaba la responsabilidad de cada uno de los actores de la espiral de violencia que envuelve a este país andino. Los grupos armados de oposición, las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y el crimen organizado tenían, en ese entonces, graves responsabilidades en el sostenimiento del ciclo de la violencia. Lamentablemente, la situación ha empeorado y lo que es más grave aún, no se perciben indicadores que hagan pensar que la actual crisis humanitaria y de derechos humanos sea superada en un futuro mediato.

Sin embargo, hay que destacar que las violaciones a los derechos humanos en Colombia tienen lugar en un contexto de cinco décadas de conflicto político violento. Alrededor de cuatro de ellas bajo estado de emergencia o excepción. En ese contexto, en particular durante el período denominado "La Violencia", entre 1948 y 1957, perdieron la vida alrededor de 200.000 personas.

Desde entonces , la violencia omnímoda³ no se ha detenido. Sólo en 1992 se registraron más de 28 mil homicidios. De éstos, según la sección colombiana de la Comisión Andina de Juristas, 4.434 eran de carácter político; 2.178 casos se trató de asesinatos políticos; en 1.560, de muertes en enfrentamientos armados, y en 505 de homicidios en operaciones de "limpieza social". Pero la dolorosa experiencia ha permitido constatar que los homicidios políticos y las desapariciones forzadas están intrínsecamente relacionados. Las cifras confirman este temor. Según Amnistía Internacional, 1.500 personas habrían "desaparecido" tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad entre 1978 y 1992.

Para la ex-senadora Piedad Córdoba Ruiz⁴, ahora exiliada en Canadá, la grave situación de los derechos humanos en Colombia presenta un cuadro todavía más desolador.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Esta grave realidad puede resultar difícil de comprender por sus múltiples causas, la variedad de actores y los diversos intereses en juego en muchas regiones del país. Sin embargo, hay una realidad que está claramente definida. La evidente implicación del Estado colombiano, a través de la policía y las fuerzas armadas, y su estrecho vínculo con los grupos paramilitares⁵, en las persistentes violaciones a los derechos humanos de la población civil, en particular dirigentes sociales, sindicalistas, líderes campesinos y defensores de derechos humanos.

Sin eximir la responsabilidad sobre los homicidios y los secuestros, por parte de los traficantes de drogas, los miles de casos investigados atribuyen a las fuerzas de seguridad colombianas una responsabilidad directa en el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país. Por tanto, afirmar que el tráfico de drogas es la causa principal de la violencia política en Colombia es un mito⁶.

No es menos cierto la responsabilidad de los grupos armados de oposición (FARC-EP, ELN, EPL) en su contribución a la espiral de la violencia a raíz de su persistente irrespeto a las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario⁷.

A las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones", la tortura como método de investigación o estrategia para sembrar el terror, se agregan además las campañas de "limpieza social", llevadas a cabo por furtivos "escuadrones de la muerte", integrados muchas ocasiones por miembros de la policía y las fuerzas armadas. Homosexuales, prostitutas, presuntos delincuentes, niños de la calle, en fin cualquier marginado social se convierte en un objetivo militar en pueblos y ciudades de Colombia. Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Medellín, Popayán, Pereira, Bogotá, Tumaco, La Hormiga, Puerto Asís ...

Esta situación tiende a agravarse por la absoluta impunidad en la que actúan los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de participar en este tipo de violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora, el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar el procesamiento de los responsables.

El panorama se torna aún más desolador por las peligrosas consecuencias que genera la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. Las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos han causado el desplazamiento en masa de numerosas comunidades civiles. Se calcula que desde 1985 un millón y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas y sus tierras⁸.

Sin duda alguna, esta breve descripción, desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos, permite afirmar que el desmoronamiento del imperio de la ley y del Estado de derecho en Colombia es una realidad incuestionable. Sin embargo, llama la atención y causa profundo desconcierto, en Colombia y en la comunidad internacional, la decisión del Gobierno del doctor Andrés Pastrana Arango de promover, contra viento y marea, una estrategia para consolidar un presunto Estado de derecho, fortalecer la democracia y combatir el narcotráfico, según la percepción gubernamental, suprema causa de la ingobernabilidad y la fragilidad estructural del Estado colombiano.

De manera paradójica, esta estrategia concebida inicialmente por el ex-canciller Augusto Ramírez Ocampo era desconocida por la casi totalidad de colombianos⁹. Fue en diciembre de 1998, en Puerto Wilches, que el presidente Andrés Pastrana Arango expresó que "la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia".

Según la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), se proyectaba como un proceso simultáneo a la negociación (entre el Estado y los grupos armados de oposición) que permitiera ir financiando proyectos sectoriales ligados a los acuerdos logrados y apuntaba además a la rehabilitación e inversión principalmente en zonas afectadas por la violencia, cultivos ilícitos o de

conflictos ambientales, sobre la base de una articulación de las comunidades y del Estado desde la base¹⁰.

Sin duda, estos propósitos eran demasiado ingenuos, desde la perspectiva de los analistas de las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos, quienes se encontraban preocupados por el presunto involucramiento ascendente de la guerrilla con el negocio del tráfico de drogas y la consideración de Colombia como amenaza para la seguridad hemisférica.

La versión inicial del Plan Colombia terminó sometida a las presiones provenientes de la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas de los Estados Unidos, bajo la dirección de un ex-comandante del Comando Sur, el general Barry McCaffrey, y el apoyo de unos cuantos legisladores del Partido Republicano.

La agenda de paz de Colombia finalmente fue narcotizada.

• Conflicto armado: pobreza y desigualdad
• Plan Colombia: núcleo del proceso de paz
• Enfasis en sustitución de cultivos y desarrollo alternativo
• Focalización de zonas (conflicto agudo, cultivos ilícitos, medio ambiente)
• Negociación cierta con la insurgencia
• Estrategia antinarcóticos: policía nacional
• Sin estrategia en derechos humanos

• Conflicto armado: sustentado en narcotráfico
• Proceso de paz: medio para favorecer la lucha antinarcóticos
• Enfasis: erradicación y políticas de interdicción
• Putumayo: primer año
• Centro y suroccidente: segundo y tercer año
• Resto del país: cuarto, quinto y sexto año
• Probable negociación con la insurgencia
• Estrategia antinarcóticos: fuerzas armadas
• Estrategia en derechos humanos

En efecto, el plan se concretaría ante el Congreso norteamericano a través del proyecto de ley S1758, presentado por los senadores Mike Dewine, Charles Grassley y Paul Coverdell, el 20 de octubre del año pasado, mediante el cual se solicitó una ayuda suplementaria para Colombia de USD 1.600 millones en tres años¹¹. De los cuales, más del 70 % estaría destinado a diferentes aspectos relacionados con la lucha antinarcóticos. Sin embargo, el financiamiento global del Plan Colombia requeriría de USD 7.545,1 millones, cuyos USD 4.926,4 millones le correspondería financiar al propio Estado colombiano y la diferencia provendría de los Estados Unidos y la comunidad internacional¹².

Hasta este momento, a escasas semanas del inicio oficial de las fumigaciones masivas, la intervención militar del batallón antinarcóticos¹³ -entrenado por los Estados Unidos-, y la arremetida de los grupos paramilitares en aquellas zonas, como en el departamento del Putumayo, donde las FARC-EP declararon un paro armado¹⁴, innumerables cuestionamientos sobre las consecuencias humanitarias, sociales y ambientales que provocaría la aplicación de este plan antinarcóticos colombo-norteamericano, siguen vigentes.

Tanto el Gobierno colombiano como el ecuatoriano se han resistido a aceptar, primero, el desbordamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Colombia y, segundo, la regionalización del conflicto social y armado colombiano, dadas algunas implicaciones directas de los países fronterizos, como el Ecuador que prácticamente ha renunciado a su "neutralidad" como Estado, aceptando una evidente alianza político-militar con los Estados Unidos, en el momento que suscribió un acuerdo de cooperación que facilita la utilización de la Base Aérea "Eloy Alfaro", en la ciudad de Manta, a las fuerzas armadas de ese país, bajo el presunto propósito de detectar, monitorear, rastrear y controlar las operaciones ilegales de tráfico internacional de narcóticos¹⁵.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), por lo menos 25 mil colombianos han huido hacia zonas fronterizas o hacia otros países del mundo en los últimos dos años aduciendo peligro real para sus vidas, libertad e integridad física¹⁶.

Fuente: CODHES-SISDES

Codhes informa, Boletín N° 29, Bogotá, mayo 28 del 2000

Según esta misma fuente, los 39.900 colombianos provendrían principalmente de los departamentos de la Costa Atlántica, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Arauca. Habrían cruzado las fronteras para buscar protección ante el acoso de los actores armados¹⁷ que generan masacres, asesinatos, ataques aéreos indiscriminados y enfrentamientos que afectan a la población civil cada vez más desprotegida.

Es preciso reconocer que en medio de esta crisis, la aplicación del componente militar del Plan Colombia, en especial en el Putumayo (24.885 kilómetros²), contribuirá a agudizar la fragilidad social en la que viven los aproximadamente 300 mil habitantes, distribuidos en los trece extensos municipios¹⁸ de este departamento. De manera especial, cabe señalar la preocupación que debe generar la seguridad e integridad de las mujeres, los niños y las niñas, quienes además están sometidos a las presiones que ejercen los diversos actores de los enfrentamientos armados¹⁹. En este caso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), las Autodefensas Unidas del Sur (AUS) y las fuerzas de seguridad del Estado.

Según un informe preparado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia²⁰, sólo en 1999, en el municipio de Puerto Asís se habrían desplazado forzosamente 1.170 personas, una de cuyas causas más importantes sería la violenta disputa territorial que estarían librando las FARC-EP y los grupos paramilitares²¹, aliados de las fuerzas armadas colombianas.

Dada esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), elaboraron un Plan de Contingencia para atender el probable flujo masivo de refugiados colombianos provenientes del departamento del Putumayo, provocado por las razones anotadas. Sin embargo, este Plan fue seriamente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, en especial de la provincia de Sucumbíos, por haber sido elaborado a espaldas de los sectores sociales involucrados²².

Esta actitud del Estado ecuatoriano, puesto que en el diseño del mencionado Plan también participaron el Ministerio de Defensa Nacional y el de Gobierno, Defensa Civil y la Policía Nacional, junto a la decisión político-militar de incrementar a seis mil hombres el pie de fuerza en la frontera colombo-ecuatoriana, deben llamar la atención de la comunidad nacional e internacional, puesto que se estarían privilegiando las alternativas militares a las civiles, frente a un drama de carácter eminentemente humanitario, como el colombiano.

Sobre este asunto, cabe señalar que el país tiene compromisos y obligaciones que cumplir, en virtud de la suscripción y ratificación de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular la Convención de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Su responsabilidad inmediata es proteger y garantizar la vida de todos los colombianos, hombres y mujeres, adultos, niños y niñas, que crucen la frontera debido a la degradación del conflicto social y armado colombiano, y a la inminente aplicación del componente militar del Plan Colombia, en el departamento del Putumayo y, posiblemente, en Nariño, fronterizo de las provincias de Esmeraldas y Carchi.

Según el Comité de Contingencia de Sucumbíos²³, hasta el pasado 4 de diciembre, se habían registrado 1.701 solicitantes de refugio (830 hombres y 871 mujeres), de los cuales 1.659 habían sido acogidos por la comunidad de esta provincia amazónica y 42 se encontraban viviendo en un albergue temporal; sin embargo, sólo 299 personas disponían de certificados provisionales, que les acreditaban esa condición, otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mientras tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mantenía en sus registros, hasta el 3 noviembre del año en curso, 5 familias, en la provincia de Esmeraldas; 10 familias, en la del Carchi; y, 144 familias que representan 425 personas, en la de Imbabura.

En todo caso provoca cierto desaliento y desconcierto reconocer que el Estado ecuatoriano carece de la capacidad y decisión para desarrollar una política pública que le permita enfrentar en sus provincias fronterizas las nuevas presiones sociales, demográficas y culturales, por la presencia de cientos de refugiados, en medio de una grave crisis económica y social. Sin embargo, la aparente contradicción debe ser resuelta inspirada en los principios de los derechos humanos y en los del Derecho Internacional Humanitario²⁴. Por un lado, el Ecuador debe responder ante la comunidad internacional por la vida²⁵ y la integridad de los cientos o miles de refugiados colombianos que busquen protección en las provincias ecuatorianas fronterizas y, por otro, debe atender las crecientes demandas de todos pobladores de estas provincias olvidadas y marginadas desde hace décadas por el mismo Estado.

INDICES DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ECUADOR

Elaboración: Centro de Documentación en Derechos

En alguna medida, estas cifras demuestran la inequidad que predomina en las provincias fronterizas, consideradas por el Estado como zonas estratégicas y de importancia geopolítica, aunque la creciente pobreza en estas provincias, y en el resto del país, se convierte en el principal obstáculo para la plena vigencia de los derechos humanos. Cómo no admitir que de los mil quinientos nuevos niños pobres²⁶ que surgen cada día en Ecuador un apreciable porcentaje provendrá de zonas de frontera. Probablemente, muchos de ellos se convertirán en niños de la calle. Destino incierto e inseguro, en medio de privaciones, frustraciones y maltrato social cotidiano²⁷.

Según Rachel Brett y Margaret McCallin, los niños que se convierten en combatientes en tiempos de conflicto armado son por lo general los mismos que se convierten en mano de obra infantil en tiempos de paz. Los grupos que forman la abrumadora mayoría de niños soldados son niños separados de sus familias o con un historial familiar desgarrado (como huérfanos, niños desamparados, niños de hogares monoparentales, hogares encabezados por menores); niños desfavorecidos económica y socialmente (pobreza, tanto rural como urbana, sin acceso a la educación, a una formación vocacional y a un nivel de vida razonable); otros grupos marginados (como niños de la calle, ciertas minorías, refugiados y desplazados internos); y niños de las mismas zonas de conflicto²⁸.

Esta compleja realidad somete a prueba la voluntad política no sólo de las autoridades gubernamentales de las zonas de frontera de Ecuador y Colombia, sino de las más altas dignidades de los países que constituyen la Comunidad Andina de Naciones y, además, Brasil y Panamá, pues esta dinámica social adquiere ciertas similitudes en las fronteras de Colombia con estos países y, sin duda alguna, merece una respuesta basada en los principios del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La actual coyuntura colombiana y, ahora, regional es compleja y crítica, pues se evidencian dos tendencias que tienden a polarizarse. La una que insiste en la respuesta militar, con el apoyo de los Estados Unidos de América (a través del Plan Colombia) y la que plantea la salida política y negociada del conflicto social y armado colombiano.

La sociedad civil colombiana, liderada por PAZ COLOMBIA, la convergencia nacional para la construcción democrática de la paz, ha reafirmado su propuesta de CIEN DIAS PARA LA PAZ, a partir del cese de las operaciones ofensivas, y ha planteado al Gobierno colombiano la suspensión del ataque militar al sur del país y a las fumigaciones y apertura de un debate democrático sobre la lucha antidrogas y la erradicación de cultivos de uso ilícito, mantener la zona de distensión con las FARC y permitir una Zona de Encuentro para iniciar un proceso formal con el ELN; al Gobierno de los Estados Unidos de América, suspender la ayuda militar del Plan Colombia y las fumigaciones y permitir la búsqueda de soluciones concertadas, multilaterales, graduales y verificables frente a los cultivos de uso ilícito, permitir que los colombianos decidan la construcción democrática de la paz sin "ayuda" para prolongar una guerra que tiende a degradarse en medio de la violación de derechos humanos y de la impunidad; a las FARC, mantener el diálogo como el mecanismo válido de acercamiento aún en medio de las dificultades del proceso de paz, suspender las prácticas de guerra que afectan a la población civil, apoyar la iniciativa de CIEN DIAS PARA LA PAZ y contribuir a una solución humanitaria para la pronta liberación de militares, policías y civiles en su poder, para contribuir a un clima de confianza y fortalecimiento de los procesos de paz; al ELN, acatar plenamente las normas humanitarias y suspender los ataques contra la población civil, apoyar la iniciativa de CIEN DIAS PARA LA PAZ como escenario para fortalecer la solución política y negociada del conflicto e insistir en la Zona de Encuentro y en la Convención Nacional para la construcción democrática de la paz; a la sociedad colombiana, persistir en la búsqueda de la paz y asumir un compromiso ético que deslegitime la guerra y fortalezca la solución política negociada del conflicto social y armado, participar, actuar, proponer e incidir en la búsqueda de la paz, en la formulación del plan de paz que Colombia necesita y, finalmente, apoyar la iniciativa de CIEN DIAS PARA LA PAZ como escenario para fortalecer la solución política y negociada del conflicto²⁹.

Sin duda alguna, esta II Sesión Especial del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que se lleva a cabo en Quito, es el escenario pertinente para apoyar estas iniciativas de la sociedad civil colombiana, empeñada en la construcción democrática de una nueva sociedad. Aunar los mejores esfuerzos para mejores días para Colombia y la región andina es la propuesta. El desafío está planteado.

NOTAS: